|
* En Itagüí están ubicadas dos cárceles, pero no hay una municipal
* Homicidio,
hurto calificado, extorsión a conductores y
“vacunas” a los habitantes son los
principales delitos
“Itagüí fue el municipio más violento del Área Metropolitana durante el segundo semestre del 2005 con 85 muertos”, ese fue el balance realizado por
La
preocupación de la
Secretaría de Gobierno encargada del tema de Seguridad en el
municipio y de la Policía ,
no se hizo esperar, y el propósito fue reducir esos índices de delincuencia.
Hoy trascurrido el primer semestre del 2006, las autoridades realizan un
balance para analizar los logros y deficiencias en Seguridad.
Muertes y más delitos
La administración
del alcalde Carlos Arturo Betancur
centró de inmediato la atención en
el 62% de muertes por arma de fuego, sumado a las denuncias por hurto de
vehículos, las extorsiones en las zonas de las ladrilleras, las
“vacunas” de vigilancia en los barrios y
a los conductores de transporte público, delitos en los cuales hay
alarmante número de menores de edad involucrados que resultan absueltos ante la flexibilidad del Código del
Menor vigente en Colombia.
Esta
situación de violencia se registra
debido a la presencia de combos y
bandas que luchan por la territorialidad
de ciertas zonas: “En el municipio hay bandas claramente identificadas con las
cuales se ha tratado
de hacer un proceso de reinserción a la vida civil”, así lo confirmó Norberto
Colorado, Subsecretario de Convivencia Ciudadana del Municipio.
Muchos jóvenes delinquen
Debido a que
se identificó el gran numero de menores de edad que trabajan al servicio de las
bandas y combos, los cuales son contratados
para “cruces como matar y extorsionar” y quedan en libertad por la
flexibilidad del Código del menor, el alcalde, la Secretaría de Gobierno
Municipal, la Policía
y PROAM (Programa de atención al menor infractor y su familia) debieron intensificar su labor
para garantizar el orden público y
disminuir la violencia, con miras a que en el reporte semestral su acción
Una gran
zona para cuidar
Itagüí
está formado por la cabecera municipal, que comprende 64 barrios, y la
zona rural integrada por 8 veredas: La Verde (conocida como La María ), Los Olivares, El
Rosario (Loma de Los Zuleta), El Pedregal, EL Progreso, Los Gómez, El Ajizal y
El Porvenir., y de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, la zona
urbana se divide en 6 comunas y las 8 Veredas están integradas en un corregimiento.
Dicha
extensión territorial sumada
a 243.069 habitantes hace que la policía del comando municipal se quede
corta para velar por el orden público, y
para ello han tomado medidas como la señalización del territorio en 12
cuadrantes que integran los barrios
y veredas, sumado al refuerzo que reciben cada fin de semana por parte de la Policía Metropolitana
que les envía policías de la FD (Fuerza Disponible)
entre el viernes a las 6:00 p.m. y el lunes a las 7:00 a.m.Actualmente
se está gestionando el ingreso
permanente de 30 efectivos de la Policía
con las autoridades de Medellín.
Medidas en las zonas rojas
De
acuerdo con los reportes de Secretaría de Gobierno durante el 2006 se ha
incrementado el pie de fuerza en los barrios
donde se han presentado enfrentamientos de bandas que operan para el cobro de vigilancia privada, vacunas
a los transportadores, y la lucha por la
territorialidad.
Así
mismo, se han ubicado los CAI (Centro de Atención Inmediata) cerca de los sitios neurálgicos, como es en
el barrio San Pío, en Guayabal cerca de la Central Mayorista ,
en el parque principal y en los límites de Itagüí y la Estrella , porque allí
se ha identificado que cubre barrios importantes en materia de
inseguridad.
Balance positivo en el 2006
El
Subintendente Osorio informó que ha
nivel general se ha notado una gran disminución en la tasa de homicidios del
municipio, al cual fue de 212 en el 2003, 126 en el 2004; logrando
disminuir en un 41% con respecto al año
anterior y 102 en el 2005, con una disminución de un 52% en la tasa
inicial que recibió la alcaldía de Betancur en el 2004.
El
positivo balance se ha logrado gracias
a la inversión hecha por el alcalde con
201.438.780 millones de pesos para el
desarrollo del Plan de Seguridad
Municipal, reflejado en las acciones de
la policía con la implementación de las llamadas “Zonas Seguras” para focalizar
la atención de la Policía ,
y ello ha permitido las siguientes capturas: 2545 en flagrancia 74 por orden
judicial, 2 subversivos de la guerrilla, 2 miembros de las autodefensas, 1
reinsertado.
En cuanto a incautaciones se ha logrado: 201.738
mercancías recuperadas, 155 motos, 131.904 mercancías incautadas, 702 armas de
fuego, 1345 gramos
de cocaína, 499.439
gramos de marihuana, y 14.209 gramos de base
de coca; pero el compromiso es continuar
con los operativos y las capturas
La función de la policía
Itagüí cuenta
con un comando de policía desde el 10 de marzo de 1995, ubicado en cercanías al
parque principal, y además existen puestos fijos de vigilancia en la Cárcel de Máxima Seguridad
ubicada en el barrio San Francisco, el
CAMI (Centro Administrativo Municipal de Itagüí), las sedes
políticas, y se han inaugurado 2 de los 4 CAI (Centro de Atención Inmediata)
localizados en sitios estratégicos, y en “zonas rojas” como el CAI ubicado al
iniciar el territorio del municipio cerca al Parque las Chimeneas en la Avenida Guayabal , donde la
cercanía a la Central Mayorista ,
la Vía de la Moda y el barrio El Guayabo
concentran peligrosidad.
De acuerdo
con el Subintendente Huver Osorio Correa “En el comando de la policía de Itagüí
funcionan 3 turnos: de 7:00 a.m. - 1:00
p.m., de 1:00p.m. a 8:00 p.m., y de 8:00
p.m. hasta las 7:00 a.m, cumpliendo funciones dentro y fuera del comando como
centinelas, refuerzo, radioperadores, o en las áreas de reacción inmediata,
vigilancia o policía comunitaria en los barrios.
En la rutina
de un policía está el llegar al comando para iniciar su turno, allí debe
realizar tres actividades: la formación, donde se les revisa el uniforme y el
arma de dotación; las consignas donde reciben el informe sobre la moto o la
patrulla que utilizarán en el turno; y
las novedades donde el Subintendente
entrega el reporte de los actos delictivos de las últimas 24 horas y asigna los
cambios de patrullaje o las responsabilidades necesarias.”
Los policías
“pasan revista permanentemente durante el turno que les corresponde” ya sea en moto o en la patrulla, y envían informes al comando, y durante la
semana el comandante se reúne con las autoridades de la Policía Metropolitana
y el Secretario de Gobierno para revisar
el estado de la seguridad en el municipio,” ratificó el Subintendente Osorio.
Otras medidas de seguridad en Itagüí
A la
Secretaría de Gobierno se han unido los organismos de
seguridad y el Tránsito Municipal desarrollando operativos conjuntos que
incluyen retenes móviles y fijos, patrullajes, control de establecimientos
públicos, control al expendio de drogas y licor a menores, reubicación de los
venteros ambulantes, con el fin de capturar delincuentes y decomisar armas, municiones, explosivos y
drogas.
La administración ha implementado el Programa del
Buen Vecino, Los consejos de seguridad comunitaria, la instalación y activación
de las alarmas comunitarias en las zonas comerciales, la puesta en marcha de la Red Integrada de
Comunicaciones, RIC, a la cual pueden acceder industrias y negocios mediante la
instalación de cámaras de video, para
tener una comunicación rápida y efectiva con el comando de policía.
Así mismo, se
ha fortalecido el Comité Local de
Emergencias, CLE, se han fomentado actividades ecológicas y deportivas en torno
a la paz.
Itagüí sin cárcel propia
“Pese a que Itagüí cuenta desde 1992 con una
cárcel departamental llamada Yarumito, por el barrio en que está ubicada y otra de Máxima Seguridad en el barrio San Francisco, el municipio no
tiene donde recluir a los sindicados que
deben estar presos”, expresó De acuerdo con Maria Eugenia Ardila Ospina,
secretaría del Secretario de Gobierno Municipal.
Todo obedece a que históricamente
Itagüí tuvo una pequeña cárcel municipal en el parque principal, pero en 1992 la Administración de ese momento, construyó lo que sería una
mejor cárcel municipal en un terreno privilegiado por su extensión y
condiciones de seguridad, una zona verde en las montañas del barrio San
Francisco. Pero en 1992, el Ministerio de Justicia Nacional aprovechando
las ventajas de la Cárcel de San Francisco,
dispuso la compra al municipio para convertirla en Penitenciaría Nacional, y se
pensó en la construcción de otra cárcel en el sector de Yarumito, la cual
también fue acondicionada por el Departamento de Antioquia para la detención de los funcionarios públicos que delinquen.
Dada la situación, Itagüí quedó sin
cárcel propia y como en 1992 los delitos
en el municipio eran mínimos, se fueron
llevando los presos a la cárcel de Bellavista. Pero como allá no hay “cama para
tanta gente”, el cupo para Itagüí se agotó y por este motivo, la Alcaldía de Héctor Arboleda (1999-2001) celebró un
convenio con el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que recibiera
a los sindicados y condenados de Itagüí
en las cárceles Bellavista y El Buen Pastor bajo condiciones dignas de vida.
Sin embargo, el hacinamiento de dichos
reclusorios llevó a la
Personería de Itagüí, a interponer en el 2002 una acción de tutela contra la alcaldía de
Carlos Mario Serna por el inadecuado albergue de los capturados.
El
Tribunal Superior de Antioquia falló indicando que la administración
tenía un plazo de tres años para adquirir un terreno y construir la
cárcel municipal, plazo que venció el 20 de marzo de 2005 sin que se haya hecho
efectivo el plazo, porque como lo expresa Norberto Colorado, Subsecretario de
Convivencia Ciudadana: “pese a que la ley exige la construcción de una cárcel
municipal, es inconcebible una tercera cárcel pues la de Máxima Seguridad y la
de Yarumito están ubicadas en cercanías a barrios y eso ha generado mucho temor
en la población, venta de los predios y exigencia de mayor despliegue de fuerza
militar para evitar motines y enfrentamientos que afecten a los lugareños”
Convenio con otras cárceles
“ Al asumir la alcaldía 2004-2007
Carlos Arturo Betancur, también rechazó el fallo por considerar que Itagüí
dejaría de ser La Ciudad Industrial
de Colombia para convertirse en “La
ciudad carcelaria del país”, por ello el
Concejo Municipal aprobó un acuerdo que facultó al alcalde para comprometer vigencias futuras hasta el año 2014 y firmar el convenio con la
cárcel del municipio de La
Estrella y Bello para albergar allí a un cupo de 30 detenidos preventivamente en Itagüí” informó la secretaria Ardila
La alcaldía celebró el
convenio con el INPEC y las cárceles municipales y departamentales para la manutención de los
detenidos trasladados desde el Comando de Policía de Itagüí a las
penitenciarias.
En el primer semestre del
2006, en la cárcel del Municipio de La Estrella
se ha prestado el servicio de albergue
a 24 personas sindicadas privadas de la libertad y en la actualidad se encuentran 10. Se
iniciaron adecuaciones locativas por
valor de $95.00.000 a través de la Secretaría de Obras Públicas.En la Cárcel San Quintín de
Bello se ha prestado el servicio de albergue a 23 personas sindicadas y en la
actualidad permanecen 13.Así mismo, la de Sabaneta
ha albergado a dos personas y la de Envigado a 1.
De todos modos, el alcalde Betancur ha
tenido que gestionar ante el Ministerio
del Interior la construcción de un pabellón anexo a la Cárcel de Máxima Seguridad
para los sindicados del municipio, pero aún no hay una respuesta clara, y
mientras se obtiene el fallo, la alcaldía
trata de fortalecer los programas de prevención de la delincuencia en
los menores y la colaboración de la población para denunciar.
Jóvenes y adultos capturados
Cuando la policía captura a un
delincuente ya sea joven o adulto, el primer paso es la lectura de los derechos
de captura que va acompañado de la firma, la huella y los documentos
personales, y debido a que en los
calabozos del comando sólo hay albergue para 10
personas y de recibir más se tornaría insalubre, nadie puede permanecer
detenido allí; por ello, el comando es un sitio transitorio de retención y
según la gravedad del delito, el detenido es remitido a la Fiscalía , donde se define
si se envía a la cárcel de la
Estrella o si se solicita el cupo en la cárcel de Bellavista.
Pero en el caso de los
menores el asunto no es tan sencillo
porque a ellos se les debe proteger más su vida, y la decisión de a dónde enviarlos no depende
sólo de la Fiscalía
sino de entidades como el ICBF, la Comisaría de Familia o la Defensoría del Pueblo,
que buscan antes que la judicialización del capturado, su resocialización, labor que no ha sido fácil
porque el municipio siempre ha remitido a los jóvenes a La Pola
y en el Centro San José, pero el cupo es limitado (120) ya que son centros que
atienden a infractores del municipio y el departamento.
Atención al menor infractor
Debido a que la
mayoría de los delitos son cometidos por personas entre los 15 y los 25 años,
este panorama, Itagüí creó el 15 de septiembre de 1998 a PROAM (Programa de Atención al Menor Infractor y a su
familia) que cuenta con el apoyo
del ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar), así como los jueces de menores y de familia, que los
remiten a uno de dos programas: La libertad
asistida para los infractores de la ley
penal, o La protección al joven en riesgo sociofamiliar.
Programa de libertad asistida en PROAM
Giovanny Ángel Blandón es Pedagogo
reeducador de La Universidad Luis
Amigó y se ha desempeñado como el
coordinador de PROAM desde hace cinco
años, y explicó: “La libertad asistida
es un programa orientado a 64 menores infractores de Ley Penal (cupo mensual)
entre los 12 y los 17 años, y se reconoce como una “medida ambulatoria” porque
los jóvenes continúan viviendo en sus casas y asisten a la sede de
PROAM durante dos o tres horas
semanales, para un total de 10 intervenciones
mensuales. Aquí llegan remitidos por
el ICBF, las comisarías de familia
y los juzgados de menores, no porque los padres a nivel particular los
quieran traer”
La primera parte del proceso se
denomina: Amonestación familiar, donde se
cita a la familia del menor para dialogar sobre la infracción cometida,
y establecer compromisos por escrito
para el acompañamiento del proceso de resocialización, además se solicita la
documentación respectiva de los padres y
el joven para abrir el historial.
La segunda fase es la llamada
Amonestación económica que se presenta sólo cuando el joven reincide en
el delito, y debe pagar una fianza, la tercera fase es la intervención
integral del pedagogo reeducador
quien trata de reorientar la norma en el
joven, la trabajadora social que se ocupa de identificar los referentes de
riesgo que pueden llevarlo a que recaiga como: el consumo de drogas psicoaactivas, la violencia intrafamiliar, la
banda del barrio, etc
En promedio el tiempo de
acompañamiento puede durar un año y
PROAM tiene autorización del ICBF para atender
el cupo de 64 jóvenes infractores
durante el mes, ya que esa es la capacidad para girar los recursos desde el
Gobierno. El 80% de los jóvenes que ingresan son hombres y el 20% mujeres.
Desintoxicación
en CARISMA
En caso de que bajo el programa de Libertad Asistida se
requiera tratamiento para la
desintoxicación del joven, se remite al centro CARISMA donde se adopta una
medida de “internado” para el
tratamiento.
Al finalizar esta etapa del centro CARISMA envían los informes
a PROAM, donde se hacen una evaluación y se determina si el joven ha cumplido
con los objetivos propuestos, y puede volver a la vida en sociedad, mostrándole
diferentes opciones de vida fuera de la
delincuencia. En la sede de PROAM el menor puede practicar deporte en la
piscina, en el gimnasio, en las zonas verdes,
asistir a talleres de formación
personal, seminarios sobre autoestima y sexualidad responsable, etc.
Programa :Jóvenes en riesgo socioafectivo
PROAM recibe a los niños y jóvenes
entre 7 y 18 años de edad que son remitidos por el ICBF, el colegio o la
comisaría de familia, en casos de maltrato físico, violencia intrafamiliar,
abandono de los padres, venta y consumo de estupefacientes, etc. Pero sólo
tiene cupo para 26 personas mensualmente, lo cual se torna imposible de manejar
porque hasta el momento el cupo excede a
los 40 remitidos.
Al respecto, Ángel Blandón expresa: “Los rectores de los colegios de Itagüí creen que la solución ante un menor que
delinque en el colegio o que tiene
problemas de indisciplina, consumo de drogas, etc es enviarlo directamente a PROAM, sin antes hacer un
proceso de acompañamiento educativo para ayudar a que se resocialize desde el
colegio. Además, no hay cupo para tanta gente, y el propósito es prevenir la
delincuencia juvenil y no
simplemente castigarlos”.
PROAM insiste en que se requiere la cooperación de la familia, el Estado, los
colegios, y las entidades municipales porque hay tres puntos difíciles: la
reinserción educativa debido a la estigmatización
de los jóvenes, la reinserción social y la familiar por tratarse de muchachos rechazados y
enviados de nuevo a la delincuencia.
Equipo
interdisciplinario
En PROAM se adelanta un proceso con
tres profesionales: un psicólogo, una
trabajadora social y un pedagogo reeducador, a los cuales se une la Secretaría de Bienestar
Social de Itagüí., y cuenta con dos orientaciones: La libertad asistida para el
menor infractor de la ley penal y La protección al joven en riesgo que es
remitido por el ICBF.
El programa es cofinanciado
por la Alcaldía
municipal y el ICBF, por eso PROAM envía
el reporte mensual al ICBF a modo de
cuenta de cobro firmada por el alcalde
del municipio a fin de cubrir todos los
gastos de los funcionarios y los jóvenes atendidos.
Resocialización, empleo y educación
El objetivo de PROAM es continuar recuperando la vida de los menores
delincuentes para que puedan volver a su
colegio o tengan oportunidades laborales, por eso ofrece talleres de formación
ocupacional en áreas de corte,
confección, marroquinería, panadería, reparación y mantenimiento de
computadores, mecánica automotriz, e
invitan a las empresas del municipio para que brinde una oportunidad laboral a
estos jóvenes, así como esperan seguir contando con el apoyo del SENA, y otras
entidades de formación.
La seguridad en Itagüí la coordina el Secretaria de Gobierno León Mario Bedoya López, entidad que tiene como
función velar por la conservación del orden público
mediante la solución pacífica de conflictos, el control del uso del espacio
público y la interacción con la administración de justicia, apoyando a los
organismos de justicia y estimulando el mantenimiento de la fuerza pública;
también, garantizar el funcionamiento de centros de conciliación municipal y
comisarías de familia.
Está conformada
por cuatro áreas que son:
-Concertación
Familiar: busca la preservación de la estabilidad familiar y ejecuta
acciones de derecho familiar que permitan conciliar los conflictos
intrafamiliares.
-Convivencia
Familiar: elabora documentos que soportan la representación judicial,
proyecta las respuestas a los derechos de petición y los recursos de
competencia de la oficina y elabora informes de seguimiento a los negocios
jurídicos de la oficina.
-Concertación
Ciudadana: canaliza la información enviada y recibida en la
inspección, facilitando la oportunidad en los trámites, además orienta a los
usuarios de acuerdo con el servicio solicitado y apoya las prácticas de
diligencias.